Tras varios meses de investigación, se detuvo a 17 personas, entre ellas dos extranjeros. Se incautaron autos, drogas, armas de fuego, municiones, fuegos artificiales, entre otras especies.

Un total de 17 personas, entre ellos dos hombres extranjeros, quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva por dedicarse al tráfico de drogas y distribución de cigarrillos de contrabando.
A detalle, los imputados fueron formalizados por contrabando, asociación delictiva, tráfico de estupefacientes, lavado de activos y porte de armas, así como de drogas.
La banda criminal operaba en el sector de calle Uruguay y alrededores del Mercado Cardonal en la comuna Valparaíso, vendiendo droga y cigarros.
Al respecto, Guillermo Gálvez, prefecto inspector jefe regional de la PDI, señaló que el arresto se logró tras allanamientos a viviendas en Valparaíso, Viña del Mar, Llay Llay y La Calera. En esta última comuna se encontraban los proveedores de cigarrillos.
A su vez, precisó que entre los 17 individuos arrestados se encuentra un clan familiar, liderado por una mujer, junto a sus hijas y respectivas parejas, quienes eran las que se instalaban en avenida Uruguay para vender drogas y cigarrillos.
En el operativo, a nivel general, se incautó cocaína, marihuana y otras drogas avaluadas en más de $75 millones de pesos. Asimismo, se decomisó más de $200 millones en cigarros de contrabando, dinero en efectivo, fuegos artificiales, armas, 38 vehículos y 8 inmuebles adquiridos en diversas ciudades y se realizó el congelamiento de 8 cuentas bancarias.
En total, el patrimonio de la banda – que operaba bajo el liderazgo de este clan familiar – se calculó en más de $560 millones de pesos.
Dos carabineros formalizados
La fiscal Claudia Perivancich dio a conocer que dos funcionarios de Carabineros fueron formalizados por el delito de violación de secreto y también por obstrucción de la investigación.
“El rol fundamentalmente de ellos era alertar, a través de contactos que tenían con algunos de los imputados, acerca de los procedimientos policiales de manera de permitir o tolerar el desarrollo de esta actividad, de modo resguardado y que no fueran sorprendidos por las fuerzas policiales”, explicó.
Consultada sobre si los funcionarios recibían alguna remuneración por estas alertas, indicó que “eso es parte de lo que se esta indagando en la investigación”.