Con la llegada de marzo, el Ministerio Público y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) reactivaron mesa de trabajo con fiscal preferente para potenciar las investigaciones.

Los robos a los establecimientos educacionales han estado a la orden del día durante los últimos meses. Si bien no se trata de hechos que causen daños millonarios y tampoco se ha establecido que haya grandes organizaciones criminales detrás de estos ilícitos, el Ministerio Público designó a un fiscal preferente que priorice este tipo de investigaciones atendido quiénes son las principales víctimas: los menores de edad, muchas veces en situación de vulnerabilidad.
Según cifras entregadas por el encargado de seguridad del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de la comuna de Valparaíso, Gonzalo Gajardo, durante el 2024 «nosotros contamos del orden de 44 querellas asociadas a un universo de denuncias por delitos de robo al interior de los establecimientos».
«Efectivamente, la semana pasada -el viernes- se produjo un robo de material computacional de muy alto valor, del orden de los seis millones de pesos, en el liceo María Luisa Bombal, producto de la falla en las medidas de seguridad: hubo un corte de luz que habilitó que los ladrones ingresaran y no hubiese registro de cámaras y esperamos que eso se esclarezca pronto», sostuvo Gajardo.